A comienzos de este año, los estudios de cine porno Malibu Media y Patrick Collins recibieron las críticas del Tribunal de Distrito de Nueva York, que no dudó en calificar sus prácticas como "abusivas" en su lucha contra los usuarios de redes peer to peer. Éstas consistían en llamar por teléfono a quienes habían descargado sus contenidos sin su permiso para solicitarles 2.900 dólares (más de 2.300 euros) y poner fin así al caso.
Con el fin de evitar estados de indefensión en los demandados por la compañía, el tribunal decidió que los operadores facilitasen los datos al juez y que los demandantes tuviesen una vista con éste y con los supuestos infractores para alcanzar un acuerdo consensuado. Sin embargo, el resultado no ha sido el pretendido por el tribunal.
Meses más tarde de la decisión del juez, los estudios no han dudado en ignorar su decisión y han acudido directamente a los operadores para acceder a los datos de usuarios y continuar con sus prácticas. El juez Gary R. Brown denuncia la situación señalando que las identidades de dos demandados "solo deberían revelarse ante el tribunal", a lo que han hecho oídos sordos los demandantes solicitando la información a Cablevisión. No obstante, el operador ha sido más coherente con la decisión judicial y ha enviado la información al tribunal para impotencia de la productora.
"El tribunal está preocupado sobre la dirección que están tomando los acontecimientos, particularmente en las cuestiones acerca de la capacidad de los demandantes para identificar a usuarios basándose únicamente en la dirección IP", señaló el juez Brown, quin duda en atribuir la situación a "un fallo deliberado o a una falta flagrante de atención a su sentencia". Para resolver esta duda ha citado a declarar a los estudios y el resultado podría ser una sanción por actuar de mala fe.
En definitiva, un nuevo episodio de juego sucio por parte de compañías relacionadas con la industria del entretenimiento, cuyas acciones para combatir la "piratería" -y a la vista está- tocan de lleno la ilegalidad. ¿Sancionará el tribunal a las compañías por ignorar su sentencia?
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